La Ley de Economía Sostenible que entró en vigor el pasado 6 de marzo ha introducido la obligación para las empresas cotizadas de elaborar anualmente un informe sobre remuneraciones de los consejeros y someterlo al voto consultivo de la junta general de accionistas. En mi opinión, esta pieza normativa no ha hecho sino constatar la necesidad de abordar una de las cuestiones societarias que más polémica ha desatado en las últimas décadas a nivel internacional. La crisis financiera y económica que estamos atravesando también ha reforzado el interés general hacia este tema. En concreto, las excesivas compensaciones percibidas por determinados consejeros que tuvieron un desempeño de sus funciones cuanto menos pobre, ha sido uno de los temas que mayor calado y atención ha acaparado tanto en la prensa como entre la opinión pública.
Quizás uno de los casos más flagrantes sobre el que han corrido ríos de tinta hace relativamente poco ha sido el del CEO de BP, Toni Hayward. Algunos medios titulaban de este modo la noticia: “BP 'despide' a su CEO con una pensión millonaria mientras anuncia pérdidas récord”. Ray R. Irani, Consejero Delegado de Occidental Petroleum era también mediáticamente criticado y rechazado por la mayor parte de los accionistas de su compañía tras embolsarse una compensación de 160 millones de dólares mientras la corporación que éste todavía administra atravesaba momentos económicos complicados.
Además de considerar excesivas estas compensaciones, otras quejas escuchadas sobre la remuneración de los altos directivos es que su vinculación con los resultados empresariales a largo plazo es insuficiente y a corto es excesiva. En mi opinión, el caso de Toni Hayward fue severa e injustamente criticado por la opinión pública debido precisamente a esto, a que su salida se produjo en un momento complicado para la compañía. Al CEO de BP se le concedió un año de salario, 1,6 millones de dólares y además se le atribuyó el derecho a retirar parte de su pensión calculada en alrededor de 11 millones de libras esterlinas. Sin embargo, a favor de Hayward se debe decir que tras él quedaban veintiocho años de servicio al frente de la compañía en los que gracias al consejero se habían conseguido grandes logros.
Estos y otros ejemplos, hacen que me plantee la compleja cuestión de en base a qué variables debería regularse la política de retribuciones de los consejeros de una compañía. No me cabe ninguna duda de que necesariamente debe existir una vinculación entre el desempeño de la compañía (los resultados empresariales obtenidos) y la remuneración percibida por el directivo, ¿pero cuál debe ser la relación más justa? Además, ¿cuánto influye en los resultados el desempeño del individuo y cuanto el entorno? ¿Deberían de estar estos alineados los objetivos por los que se les miden a estos ejecutivos con los del resto de empresas de la competencia, o cada uno debería ser medido por su propio rasero? ¿Qué empresa es comparable exactamente a otra?
Más allá de este y otros casos en los que con más o menos razón se ha puesto de manifiesto un problema moral existente, es necesario acudir a la raíz del conflicto para entender por qué pese a los diferentes intentos de regulación en este sentido, no se conoce todavía hoy ningún caso de éxito. Sin embargo, sobre esa cuestión reflexionaré en el siguiente post.